Constantes Anomalías Permiten Exculpar a Acusados

En México: Los Asesinatos de

Mujeres, en Total Impunidad

CIMAC.- En México, 90 por ciento de los asesinatos de mujeres queda impune ante la pérdida de evidencias, una deficiente averiguación previa y la falta de un debido proceso. El feminicidio de Nadia Alejandra es un ejemplo.

A Nadia Alejandra la asesinó su cónyuge y cuñado respectivamente, Bernardo e Isidro López Gutiérrez, el 12 de febrero de 2004, en el municipio mexiquense de Villa Nicolás Romero, frente a su hija de dos años y sus hijos de cuatro y cinco años de edad.

Según las declaraciones de los niños --ampliadas en dos ocasiones ante las autoridades ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en Cuautitlán Izcalli, durante la averiguación que se cerró el 8 de septiembre pasado--, Bernardo e Isidro golpearon a Nadia, la introdujeron a la cisterna y, con una soga enredada al cuello, la colgaron de una viga en el baño de su casa para simular un suicidio.

Este feminicidio forma parte de los cientos de crímenes que se cometen contra mujeres en la entidad mexiquense, donde de enero de 2007 a diciembre de 2008, 383 mujeres y niñas fueron asesinadas, cifra que lo colocó a la cabeza de asesinatos contra mujeres en el país, según el informe “Una mirada al feminicidio en México” realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Nadia, al igual que lo ocurrido en los 94 feminicidios contra mujeres mexiquenses fue asesinada por su pareja en su vivienda, el mismo lugar donde seis de cada 10 mujeres son asesinadas.

Las coincidencias entre el caso de Nadia y otros hechos de violencia feminicida en el país no sólo se relacionan con el lugar de los asesinatos y con el vínculo que las víctimas mantenían con el agresor, sino también con las “anomalías” que ocurrieron durante la investigación, señaló David Peña, asesor jurídico de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Una Investigación Plagada de Anomalías

Las irregularidades se iniciaron desde que se levantó el cuerpo de Nadia. Las autoridades periciales “extraviaron” la soga con la que fue asesinada, a pesar de que era un “indicio fundamental que debía preservarse hasta la conclusión” del caso, indicó Noé Guillén, perito en criminalística, quien realizó el dictamen por el cual las autoridades mexiquenses consignaron la averiguación previa por el homicidio contra Nadia en febrero de 2005.

Para David Peña --quien junto con la abogada Karla Michel Salas llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tres de los ocho casos de feminicidio ocurridos en Campo Algodonero, Ciudad Juárez--, la pérdida de elementos físicos no es accidental; representa la posibilidad de que, sin pruebas, se pueda construir una nueva versión de los hechos que favorezca a los inculpados.

Los peritos y el personal del MP asignado al caso no sellaron el lugar de los hechos, lo que permitió que, días después del homicidio, familiares de Bernardo e Isidro quemaran lo que había en la casa de Nadia, lavaran la cisterna e, incluso, le colocaran una tapa nueva.

Los reportes y declaraciones de los peritos difirieron en relación con la hora en la que llegaron al domicilio de Nadia y el tiempo que llevaba sin vida. Asimismo, las autoridades del MP se negaron a analizar una camisa manchada de sangre que fue extraída de la casa de la joven, esgrimiendo razones de higiene.

Por esta razón, Antonia Márquez interpuso una demanda, el pasado 5 de febrero, ante la Mesa de Responsabilidades de Tlalnepantla, estado de México, contra quien resulte responsable de las anomalías cometidas durante la investigación.

Para David Peña, las “graves” irregularidades en este caso son frecuentes en las investigaciones de feminicidio en el país, ya que las autoridades “pretenden mantener en la impunidad los asesinatos de mujeres; no se analizan sus implicaciones sociales y políticas, y no sólo se consideran un homicidio más, sino que además responsabilizan de los hechos a la propia víctima”.

Una Sentencia a Medias

Días después del crimen, la madre de Nadia, declaró junto con sus nietos, ante la autoridad ministerial, que su hija fue asesinada: “no se quitó la vida, como quisieron hacernos creer”. Ahí inició un proceso en el que la señora encontró diversas “anomalías”, llamadas “errores humanos” por las autoridades mexiquenses.

A más de cinco años de litigio y de diversas irregularidades en la investigación del caso --llevada a cabo por Rosa Patricia Gómez, Ministerio Público--, Felipe Landeros Herrera, juez tercero de lo penal de la PGJEM, condenó el pasado 8 de octubre a Isidro López, inculpado desde 2007, a 42 años de prisión por homicidio doloso con todas las agravantes. Cinco días después la defensa apeló la sentencia, sin que a la fecha haya una resolución.

Bernardo sigue prófugo sin que las autoridades mexiquenses indaguen sobre su paradero.